Integrantes de la familia Urquiza Fernández denunciaron que fueron objeto de despojo de 269 hectáreas en Huimilpan, Querétaro, mediante fideicomisos con cláusulas abusivas y el uso de la Fiscalía Estatal para la presión penal.
Por ello, la familia identifica el caso ante los medios de comunicación como un presunto “Cártel Inmobiliario en Querétaro”.
Durante una conferencia de prensa, representantes y abogados de la familia señalaron que el conflicto comenzó en 2023, a partir de una propuesta para desarrollar un proyecto inmobiliario sobre los terrenos conocidos como rancho El Salto y La Haciendita, en Huimilpan.
De acuerdo con lo declarado, el esquema contemplaba que la familia aportara los terrenos y derechos de agua, mientras una empresa desarrolladora aportaría recursos y el desarrollo. Señalaron que dicha empresa desarrolladora es perteneciente al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
El reparto planteado en el acuerdo sería de 80% para el desarrollador y 20% para la familia, además de una comisión de comercialización, sin estipular a cuantos años. Afirmaron que este convenio nunca dio frutos o resultados a favor de la familia.
Pamela Urquiza, quien dio a conocer los hechos, expuso que fue un acto de despojo patrimonial que involucra dos ranchos con un extensión total de 269 hectáreas y derechos de agua en el municipio de Huimilpan.
La demandante vinculó la operación con la empresa inmobiliaria MFJ Campestre S.A. de C.V, así como al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, por su participación accionaria en dicha sociedad.
Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones de la familia y deberán ser acreditadas ante las autoridades competentes.
El conflicto posteriormente derivó en procedimientos civiles y penales. Agustín Urquiza fue señalado por administración fraudulenta agravada, mientras que Pamela Urquiza, y su hermano Julián, enfrentaron acusaciones por fraude procesal.
Urquiza recalcó que el caso ya fue presentado ante la Presidencia de la República y han recurrido a otras instancias federales.
Lo que ha sido calificado por los afectados como «Cártel Inmobiliario», de acuerdo con el abogado de la familia Urquiza, Rodrigo Madero, opera a través de contratos de fideicomiso con cláusulas leoninas mediante la empresa MFJ Campestre, constituida con un capital de 100 mil pesos y vinculada directamente al exmandatario.
Dichos contratos buscan asumir el control total y hasta un 80% de las utilidades de los predios, desplazando a los legítimos propietarios.
Asimismo, la familia también denunció cateos realizados el 31 de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026, en los que, aseguró, participaron elementos de seguridad federal.
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En conferencia de prensa, Pamela Urquiza y Rodrigo Madero señalaron que para ejecutar la presión, el exgobernador cuenta con la complicidad del aparato de procuración de justicia del Estado.
Todo lo anterior, sostuvieron, es por la cuestión del agua. La familia declaró que el pozo de El Salto abastece terrenos agrícolas de la zona y considera que los derechos sobre el recurso serían uno de los factores detrás de la disputa.
Acusaron a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, de criminalizar la defensa legal en los litigios civiles mediante la apertura de carpetas de investigación, cateos desproporcionados e intimidación hacia los abogados defensores.
Además, el jurista mencionó que los responsables deberían, en La Haciendita, estar desarrollando inmobiliariamente, no sembrando.
«Entonces, las intimidaciones han incrementado para que nosotros les demos agua. Bueno, nosotros el salto le dé agua a la haciendita para que el exgobernador pueda sembrar, siendo que deberá estar desarrollando, no sembrando», aseveró Rodrigo Madero, abogado de la familia.
Aseguraron que el exgobernador Domínguez Servién aspira actualmente a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), hoy al mando de Jorge Romero Herrera.
Finalmente, la familia apuntó que la denuncia llegó al gobernador actual de Querétaro, Mauricio Kuri Hernández, quien se deslindó del caso y prefirió no intervenir en la disputa.
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