Un juez del Estado de México otorgó prisión domiciliaria a Carlota “N”, la adulta mayor conocida como “la abuelita justiciera” tras el polémico caso de desalojo armado en Chalco.
La decisión legal llega casi un año después del incidente de abril de 2025, donde la mujer de más de 70 años fue vinculada a proceso por homicidio calificado de dos hombres y tentativa contra un menor.
Antecedentes del caso de doña Carlota en Chalco
El suceso ocurrió cuando Carlota “N” y sus hijos, Mariana “N” y Eduardo “N”, llegaron a su propiedad en la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe, Chalco, para exigir la devolución del inmueble a presuntos invasores.
Se dice que las personas que vivían en el domicilio pedían, por su lado, la devolución de la renta, cuestión que no acordaron al final.
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Por ello, la familia enfrentó a los presuntos invasores que ocupaban ilegalmente, y desde hace algún tiempo, la vivienda.
Los videos virales mostraron a la abuela disparando contra los invasores de su propiedad, generando apoyo masivo en redes sociales.
Debido a los hechos, la señora obtuvo el apodo de “abuela vengadora” por defender su hogar.
Al ser detenida, fue ingresada al Ministerio Público donde se le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, solicitando prisión preventiva justificada por riesgo a testigos.
Desde abril de 2025, la “abuela justiciera” se encontraba recluida en el penal de Chalco. En su defensa, su hijo Arturo alertó que la mujer tiene 74 años de edad y padece enfermedades crónico degenerativas.
Asimismo, la defensa argumentó legítima defensa y los problemas de salud reportados de Carlota.
Sin embargo, solicitudes previas de prisión domiciliaria fueron rechazadas en noviembre de 2025 y febrero de 2026, manteniéndola en el penal de Chalco por siete meses.
Sin embargo, un juzgador en turno adscrito al penal estatal de Chalco, atendió el amparo emitido por el juzgado sexto de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Prisión domiciliaria y condiciones
El juez de control del Distrito Judicial de Chalco modificó la medida cautelar tras un amparo ganado en el Juzgado Sexto de Distrito.
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La decisión permite que abandone el penal entre viernes y sábado bajo supervisión electrónica. El proceso penal continúa. La persona adulta mayor deberá permanecer en su domicilio de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México y tiene prohibido salir del país.
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