En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la extinción de varios organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La decisión ha generado una ola de reacciones de la sociedad civil y expertos en derecho.
En el pleno, los legisladores avalaron el dictamen con 347 votos a favor, 128 en contra y ninguna abstención.
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Detalles de la reforma
La iniciativa, presentada por el gobierno federal, busca reorganizar y fusionar funciones de varios organismos autónomos en un esfuerzo por «optimizar» recursos y «fortalecer» la gobernanza.
Aparte del INAI, los organismos afectados incluyen:
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La extinción de estos organismos autónomos podría tener implicaciones significativas.
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Cabe destacar que la iniciativa ahora pasa al Senado para su revisión y aprobación. La sociedad civil y expertos en derecho seguirán atentos a los desarrollos de esta reforma.
¿Qué áreas asumirían las funciones del INAI?
Indica que información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención.
Determina que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Explican que el organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica también estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social; así como de emitir recomendaciones y establecer las formas de coordinación del organismo con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
Resalta que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.
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