La Cámara de Diputados de México aprobó una crucial reforma constitucional que aplaza la próxima elección del Poder Judicial.
El proceso, originalmente programado para el año 2027, se postergará de manera definitiva hasta el primer domingo de junio de 2028.
Con una votación de 322 votos a favor, 22 abstenciones y 132 en contra, el dictamen obtuvo la mayoría calificada en San Lázaro.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca redefinir el calendario electoral debido a los retos logísticos expuestos por las autoridades electorales.
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¿Por qué se posterga la elección de jueces y magistrados?
La principal razón detrás de esta modificación es evitar la saturación operativa del Instituto Nacional Electoral (INE).
En 2027 coincidirán elecciones federales intermedias para renovar la Cámara de Diputados, además de los comicios para elegir 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
Organizar de forma simultánea un proceso tan masivo junto a la elección de jueces, magistrados y ministros representaba un desafío presupuestal y normativo inviable. Tras el aval de la Cámara Baja, el Senado de la República recibió formalmente la minuta del dictamen para continuar con su correspondiente trámite parlamentario.
Senado recibe minuta de la elección del Poder Judicial
Además de modificar las fechas de votación, el nuevo texto constitucional introduce cambios significativos en el sistema judicial.
Se determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedará compuesta por nueve integrantes y funcionará en Pleno o mediante dos secciones especializadas.
De igual manera, se establece la creación de una Comisión Coordinadora integrada por los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión.
Este órgano vigilará la paridad de género y homologará los exámenes de conocimientos para blindar la selección de aspirantes.
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En este caso, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, con la cual se aplazarían las elecciones judiciales a 2028.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, tras su aprobación final en el Senado, la iniciativa deberá ser ratificada por al menos 17 congresos locales en los estados para que pueda entrar en vigor oficialmente.
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