Permisionarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron públicamente una serie de irregularidades y situaciones que afectan en su ámbito laboral.
En conferencia de prensa, permisionarias expusieron una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción a las que son víctimas.
Declararon que permisionarios, en su mayoría mujeres, han sido objeto de amenazas, malos tratos, fraude y agresiones físicas en su contra por parte de funcionarios del AICM.
Revelaron que las autoridades del dicho lugar les han impuesto `trabas` y complicaciones para poder trabajar en el servicio de Autotransporte Federal de Pasaje.
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Guadalupe Espinoza, permisionaria de la empresa Casa Dey, comentó que se encuentran dañadas por las limitaciones que les pone la administración actual del aeropuerto, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para trabajar en el servicio de taxi.
Acusó al director de asuntos jurídicos del AICM, José Luis Martinez Colina, de realizar amenazas y represalias a permisionarios, así como denigrado y discriminado, principalmente a mujeres.
Acusan de actos de violencia de género
Por esta razón, la empresaria dio a conocer que las permisionarias de diversas organizaciones padecen de violencia de género y discriminación por parte de las autoridades del aeropuerto.
Dichos concesionarios que encabezan el frente común el defensa de los permisionarios y permisionarias, han pedido, mediante un escrito, intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso.
Por ello, piden la destitución de José Martínez Molina y Mario Sánchez Becerra, subdirector de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre. Esto por actuar fuera le marco jurídicos de sus funciones.
“Por eso les pedimos a ustedes su comprensión y queremos sobre todo su ayuda para que esto le llegue a nuestro señor presidente”, aseveró Guadalupe Espinoza.
La representante de Casa Dey indicó que son alrededor de mil 800 permisionarios de taxi que se han visto afectados en su trabajo, siendo el 60% mujeres.
Aseguraron que sus agremiados están debidamente registrados ante la SICT y regulados por el AICM.
Apuntaron que, de estos mil 800 permisionarios, alrededor de 200 agremiadas se encuentran paradas en sus labores debido a las limitaciones administrativas que les ponen; y que a muchas les han negado “pasar revista” para seguir operando.
“Ejercen sus funciones fuera del marco jurídico, violentando nuestros derechos constitucionales usos y costumbres”, sostuvo.
Afirmaron que posiblemente esta situación la desconozca el director del AICM, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño.
Señalan prácticas monopolísticas por designación de empresa para vender boletos
Por otro lado, Espinoza, acompañada de otras permisionarias de Sitio 300 y Nueva imagen, detallaron que la autoridad decretó que una empresa de reciente creación sea la única que puede realizar la venta de boletos a pasajeros de la AICM.
Con ello, indicaron que están imponiendo una política monopólica en el sector, contradiciendo la Ley de Competencia Económica.
En el artículo 1 de esta ley establece las disposiciones generales y los objetivos de la ley, incluyendo la promoción y protección de la competencia económica para contribuir al bienestar de los consumidores y evitar prácticas monopólicas. Citaron la normatividad de Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
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Apuntaron que se decretó que una empresa, sin experiencia, sin recursos tecnológicos o humanos, representada por el ingeniero Gerardo Aurelio Gallardo Ortiz, sea, por adjudicación directa, la encargada de vender todos los boletos de estos servicios.
Refirió que dicha empresa no está respaldada por el gremio de taxistas y que no ha pasado por ningún tipo de licitación para encabezar esta tarea.
Lo anterior no ha sido aceptado por los permisionarios involucrados.
Finalmente, además de la atención presidencial, piden una investigación con la injerencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para recibir las quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos; así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para indagar por presuntos delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
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