La situación de desapariciones en México vuelve al centro del debate internacional debido al informe emitido por la ONU, por lo que colectivos de familiares exigieran sanciones contra el Estado.
Este jueves, el gobierno federal rechazó un reciente informe de la ONU que advierte sobre la gravedad del problema en nuestro país.
En este sentido, Priscila Salas, activista del colectivo «No se metan con nuestras hijas», de Sinaloa, destacó los señalamientos de la (ONU).
El reporte indica que existe una crisis en México e indicios de que se trata de un crímenes de lesa humanidad.
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Integrantes de colectivos de búsqueda denunciaron que en el país “parece que se los traga la tierra”, al señalar la falta de prevención, investigación y resultados en la localización de personas.
Por ello, las buscadoras acusaron omisiones sistemáticas por parte de las autoridades y demandaron que organismos internacionales intervengan para sancionar al Estado mexicano.
Estas exigencias surgen en un contexto en el que México acumula miles de casos sin resolver y donde, según organizaciones civiles, persisten fallas estructurales en las investigaciones, así como una escasa coordinación institucional.
Gobierno federal rechaza señalamientos de la ONU
En paralelo, el gobierno de México rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, al calificarlo como “sin rigor” y “tendencioso”.
La administración federal apuntó que el reporte omite los avances contra esa problemática alcanzados en el país desde 2018.
Las autoridades federales sostienen que el documento no refleja con precisión la situación actual del país y defendieron que muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado, no a una política de Estado.
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El informe internacional advierte que México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel global.
Además, organismos internacionales han señalado la falta de estrategias integrales, deficiencias en las investigaciones y posibles responsabilidades de funcionarios públicos en algunos casos, lo que podría escalar el tema a instancias como la Asamblea General de la ONU.
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