El Senado de la República aprobó el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó fuera uno de sus puntos más controvertidos: adelantar la revocación de mandato para 2027.
Durante una jornada de intensas negociaciones, el bloque oficialista logró la mayoría calificada; sin embargo, la falta de consenso con sus propios aliados, particularmente el Partido del Trabajo (PT), obligó a eliminar la modificación al artículo 35 constitucional. Es decir, solo una parte del Plan B fue aprobado.
Conforme a ello, la revocación se mantendrá en los tiempos actuales, lo que implica que podría realizarse hasta 2028.
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El objetivo del gobierno federal con la reforma electoral es ahorrar costos en el ámbito electoral, consigo, evitar gastos dobles para realizar la consulta de revocación y aprovechar la realización de las elecciones intermedias.
Por ello, la presidenta Sheinbaum reconoció que no fue positivo que esta propuesta no prosperara; si embargo, apuntó que se aprobó lo principal» del Plan B.
“La revocación de mandato existe pero no se aprobó que fuera en el mismo año que elecciones intermedias, ¿por qué negar esta posibilidad?, ¿qué problema tiene? Ninguno, por eso pienso que no es bueno para el país que no se haya aprobado”, indicó a los medios.
Reforma electoral: ¿Qué se avaló?
No obstante, el PT se opuso a esta medida al considerar que podría generar ventajas políticas para el partido en el poder durante el proceso electoral.
A pesar, el Senado sí avaló diversos aspectos del plan B y otros no.
Entre los puntos aprobados destacan la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, límites al gasto de los congresos estatales y ajustes en las remuneraciones de funcionarios electorales.
Otros elementos relevantes de la iniciativa original, como modificaciones al financiamiento de partidos o cambios más profundos al sistema electoral, tampoco lograron avanzar en esta etapa legislativa, lo que derivó en una versión acotada de la reforma.
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Además, el presupuesto de las legislaturas locales no deba exceder del 0.70% por ciento del presupuesto de egresos de la respectiva entidad federativa.
El dictamen aprobado fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso.
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