La Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteró que la educación militarizada para niñas, niños y adolescentes de nivel básico no está autorizada por la Constitución ni por la legislación mexicana.
Por ello, el organismo solicitó a las autoridades educativas estatales revisar la existencia de instituciones que operen bajo ese esquema.
Dicho pronunciamiento ocurre tras el caso de Dafne Zapata, una adolescente fallecida durante un campamento de verano en Tamaulipas, hecho que detonó una revisión nacional sobre este tipo de instituciones.
El titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó en conferencia de prensa que no existe un marco normativo en la Constitución o ley educativa que permita ofrecer este tipo de educación básica.
Asimismo, precisó que la formación militar corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.
De acuerdo con la SEP, la educación básica en México debe desarrollarse bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, con un enfoque de derechos humanos; así como de igualdad sustantiva, inclusión y formación integral, elementos que considera incompatibles con modelos basados en disciplina militar.
Mario Delgado también condenó cualquier práctica de violencia, maltrato o castigos físicos contra menores de edad y sostuvo que ninguna forma de abuso puede justificarse como parte de un proceso educativo. Lo anterior, refiriéndose a las llamadas “novatadas” que suelen realizarse en ese tipo de escuelas
Añadió que estas conductas representan violaciones a los derechos humanos y al interés superior de la niñez.
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SEP envió documentos a todas las autoridades educativas estatales
Como parte de las acciones anunciadas, la SEP enviará un comunicado a las autoridades educativas de los estados para recordar que no deben autorizar instituciones que ofrezcan educación básica bajo modalidades militarizadas y revisar los permisos previamente otorgados cuando corresponda.
El debate sobre estas academias ha cobrado fuerza debido a que diversos reportes documentan denuncias de violencia, novatadas y presuntos abusos en varios planteles del país.
Organizaciones y especialistas han pedido fortalecer la regulación y garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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