La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto que busca fortalecer la transparencia en el Gobierno federal al limitar la reserva de información únicamente a casos de seguridad nacional o procesos judiciales en curso.
En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, la mandataria federal firmó un decreto para reforzar el acceso a la información pública del gobierno.
Con ello, evitará que las dependencias gubernamentales clasifiquen documentos de manera discrecional y que se limite el acceso a la información.
Es importante mencionar que el decreto presidencial modifica la Ley General de Transparencia.
De tal manera, la administración pretende consolidar el principio de máxima publicidad y garantizar que la ciudadanía pueda conocer la información generada por la administración federal.
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Decreto impide la reserva discrecional de información pública
Sheinbaum Pardo explicó que la reserva de información ya no podrá depender del criterio de los funcionarios. En cambio, únicamente será válida cuando existan razones expresamente previstas por la ley.
Dichos casos de reserva aplicaría a asuntos relacionados con la seguridad nacional o procesos judiciales en desarrollo.
“En la ley actual está establecido que los funcionarios pueden determinar qué se hace púbico o no, dependiendo de los temas de seguridad nacional o que estén en un procedimiento judicial o administrativo. Ya no queda a criterio de un funcionario, del secretario, del director de área de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo este martes.
Sheinbaum subrayó que el objetivo es fortalecer la transparencia gubernamental y combatir la opacidad. También afirmó que las plataformas oficiales deberán garantizar el acceso a la información pública, siempre con la protección de los datos personales de los ciudadanos.
Como muestra de ello, señalaron que los contratos públicos del gobierno federal serán publicados de manera mensual y no cada tres meses. Ejemplo, las contrataciones de las filiales de Pemex o CFE.
El decreto forma parte de los ajustes al nuevo modelo de transparencia implementado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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En este esquema, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante el organismo Transparencia para el Pueblo, asumió las funciones relacionadas con el acceso a la información de la administración pública federal.
Además del decreto, la presidenta adelantó que impulsará reformas legales para que estos criterios queden establecidos de forma permanente en la legislación mexicana y no dependan únicamente de una disposición administrativa. La intención es homologar las reglas de transparencia y fortalecer el combate a la corrupción.
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