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Trabajadores del PJF anuncian para nacional en rechazo a evaluación de desempeño. Foto: Especial

Trabajadores del PJF anuncian para nacional en rechazo a evaluación de desempeño

Empleados del PJF iniciaron un paro nacional de labores y bloqueos en rechazo a las nuevas reglas de evaluación de desempeño de la OAJ.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro nacional de labores y bloqueos en rechazo a las nuevas reglas de evaluación de desempeño emitidas por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

​La protesta nacional afecta a juzgados y tribunales de más de 10 estados de la República. Moviliza a cerca de 32 mil empleados de carrera judicial en más de 900 recintos del país.

​En la Ciudad de México, secretarios y proyectistas cerraron los accesos y salidas de la sede judicial en San Lázaro. También realizaron cierres viales en avenidas principales como Zaragoza en ambos sentidos, generando caos vehicular.

Los estados y metrópolis que participan en el paro son Monterrey, Morelos, Coatzacoalcos, Nayarit, Guanajuato, Morelia, Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Toluca, Tabasco, Pachuca, Chilpancingo, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California Sur.

​Los manifestantes acusan que las evaluaciones previstas para diciembre representan un mecanismo de presión subjetivo. Sostienen que ponen en riesgo la estabilidad laboral del personal que no accedió al cargo mediante elección popular.

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​Por su parte, el Órgano de Administración Judicial defendió el esquema. Aseguró que el examen tiene un carácter estrictamente diagnóstico y descartó que los resultados impliquen el cese de funciones o la pérdida de plazas.

​Sin embargo, agrupaciones como la JUFED advirtieron que los criterios carecen de certeza jurídica. Argumentan que la medida demerita la trayectoria técnica y el trabajo de campo de los profesionales de carrera.

​Las protestas continuarán de manera indefinida en diversas entidades federativas mientras los inconformes exigen mesas de diálogo directo con las autoridades competentes para frenar la implementación de la normativa.