El Gobierno federal puso bajo la lupa a una presunta red empresarial que acumuló contratos millonarios con instituciones públicas, principalmente con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En conferencia de presa, desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el análisis, anunciado por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, elaborado a partir de fuentes abiertas, documenta el origen de este grupo empresarial, sus vínculos laborales; así como la manera en que fue ampliando su presencia en las contrataciones de instituciones electorales.
La funcionaria explicó que la revisión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, con base en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y del histórico de CompraNet, identificaron contrataciones con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante ese periodo.
Dichas empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas que obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos en organismos electorales locales entre 2014 y 2023.
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Detectan posibles irregularidades en contratos electorales
Respecto a Aureliano Hernández Palacios Cardel, se informó que las investigaciones identificaron posibles vínculos entre empresas, proveedores y personas servidoras públicas.
Entre las anomalías detectadas destacan operaciones comerciales entre compañías pertenecientes a los mismos grupos empresariales, así como esquemas en los que una empresa ganadora de una licitación subcontrataba a otra participante del mismo procedimiento.
También se encontraron compañías que facturaban cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores o, incluso, carecer de personal registrado.
Otro elemento que llamó la atención de los auditores fue la relación de algunos proveedores con empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntas operaciones con factureras.
Investigación alcanza a proveedores y funcionarios
Las autoridades señalaron que las indagatorias no se limitarán a las empresas involucradas, sino que también abarcarán a los servidores públicos que pudieran tener alguna responsabilidad en las contrataciones.
El objetivo es esclarecer si existieron acuerdos para favorecer a determinados proveedores, simular competencia o establecer condiciones que limitaran la participación de otras compañías.
Las revisiones también contemplan posibles irregularidades en los procedimientos de adjudicación y en el manejo de recursos públicos.
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Buscan esclarecer el destino de recursos públicos
El gobierno mexicano comentó que las investigaciones deberán desarrollarse con independencia, rigor técnico y respeto al debido proceso.
Por ahora, los señalamientos representan líneas de investigación y no constituyen una determinación definitiva de responsabilidades.
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