Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete presuntos implicados por su probable participación en una red de huachicol ferroviario. Existen acusaciones de contrabando de combustibles y delincuencia organizada.
La resolución fue emitida al concluir una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex.
Como parte de las medidas cautelares de la vinculación a proceso, seis de los acusados permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial.
Según la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel.
También, vincularon a Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, por lo que permanecerán encarcelados en el Altiplano.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación apunta a una organización dedicada al ingreso ilegal de combustibles provenientes de EU mediante operaciones ferroviarias.
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Operaciones de huachicol ferroviario
El combustible presuntamente era declarado con información falsa o incompleta para evadir impuestos y ocultar el volumen real transportado.
Las autoridades sostienen que la red habría utilizado empresas vinculadas con servicios aduanales para facilitar el contrabando de hidrocarburos y eludir controles fiscales.
Señalaron que el objetivo de esa organización fue la introducción a territorio nacional de manera ilegal de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos.
Entre las firmas investigadas figura Ingemar, empresa con la que Ruffo Appel ha reconocido haber mantenido una relación como accionista. Sin embargo, han rechazado cualquier responsabilidad en las operaciones ilícitas.
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario argumentó que la compañía únicamente realizaba trámites aduanales. Además, que la verificación de la mercancía correspondía a las autoridades competentes.
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No obstante, la jueza consideró que existían datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra los imputados.
El caso deriva de una investigación federal iniciada tras el aseguramiento de millones de litros de combustible transportados en carrotanques ferroviarios. Ese hecho es considerado uno de los mayores decomisos relacionados con el llamado huachicol fiscal en México.
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